El caso de Alina es uno de los más duros de violencia vicaria ocurridos en España en los últimos años. Representa la cara más cruel y despiadada del machismo: el asesinato de hijas e hijos como forma extrema de castigo o venganza hacia las madres. Este crimen no solo dejó sin vida a dos niñas inocentes, sino que destrozó a una madre que había luchado por salir de una relación abusiva. El caso evidenció los fallos estructurales del sistema judicial y de protección y apoyo a las víctimas, y activó la solidaridad de colectivos feministas como La Volaera, que acompañaron a Alina en su duelo y proceso de reconstrucción.

El 17 de marzo de 2024, el exmarido de Alina asesinó a sus dos hijas, Larisa y Elissa, de 4 y 2 años respectivamente, envenenándolas con un pesticida en un cortijo aislado de la pedanía de Las Alcubillas, en Almería. Tras cometer el crimen, se suicidó ingiriendo la misma sustancia. Alina, madre de las niñas y ex pareja del agresor, descubrió la tragedia al acudir al lugar preocupada por la falta de respuesta del sujeto durante el día, ya que compartían la custodia a pesar de que se encontraban a la espera de un juicio por malos tratos.

Alina había denunciado previamente a este hombre por estos malos tratos y amenazas que había recibido durante años, incluso estando embarazada de su segunda hija, lo que resultó en una orden de alejamiento y un juicio pendiente para el 10 de abril de 2024. A pesar de estas medidas, se estableció un régimen de visitas que permitía al padre de las niñas pasar tiempo con sus hijas los fines de semana.

Tras el asesinato de sus hijas, Alina recibió apoyo de la comunidad local y de la Asociación La Volaera.

La Volaera organizó una colecta para cubrir los gastos del sepelio y proporcionó asistencia psicológica y legal a Alina. María Martín, presidenta de La Volaera, criticó los fallos del sistema de protección a víctimas y destacó la necesidad de una atención más efectiva por parte de las instituciones, para poder proteger a posibles futuras víctimas como lo era Alina.